Promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Los objetivos son, reducir el costo de financiamiento a los gobiernos locales responsables; y moderar el endeudamiento, fomentando la disciplina financiera de estados y municipios.
“Con este nuevo ordenamiento, el país reafirma su compromiso con la estabilidad macroeconómica y el manejo responsable de sus haciendas públicas”.
Es resultado de la decisión y determinación, de los distintos actores y fuerzas políticas, de potenciar los beneficios de la Disciplina Financiera, ahora en los ámbitos local y estatal.
Se construyeron acuerdos, se escucharon a las distintas voces para concretar propuestas, de manera responsable y equilibrada.
Esta Ley tiene su origen en una de las 13 decisiones presidenciales anunciadas el primer día del actual gobierno y que, posteriormente, se integró como uno de los compromisos del Pacto por México.
Como primer paso se trabajó en una Reforma Constitucional, para otorgar facultades legislativas al Congreso de la Unión en materia presupuestaria, así como de endeudamiento para las entidades federativas y los municipios. Dicha Reforma fue aprobada y entró en vigor el 27 de mayo de 2015.
Con dicha modificación a la Carta Magna, ahora, es una obligación del Estado Mexicano, velar por la estabilidad de las finanzas públicas en el país, incluidos sus estados y municipios, así como la Ciudad de México.
Un segundo paso fue elaborar una propuesta que dotara a los gobiernos estatales y municipales de un marco normativo que asegurara finanzas públicas locales sostenibles; mayor transparencia en ellas; así como menores costos en la contratación de deuda. Esta iniciativa de Ley se presentó al Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.
Después de un amplio y positivo trabajo legislativo y la generación de consensos, hoy se ha concretado esta Ley, que transformará el desempeño fiscal, financiero y presupuestario de los órdenes de gobierno estatal y municipal.
Los legisladores enriquecieron esta iniciativa, en puntos tan relevantes, como: los requisitos para la contratación de deuda pública; la definición del concepto de inversión pública productiva; la creación de un fondo de desastres naturales por entidad federativa; y la modificación del Techo de Financiamiento Neto, en función del nivel de endeudamiento y las capacidades financieras de los entes públicos.
“Hoy concretamos un avance jurídico clave, que establece condiciones favorables para el crecimiento económico y la generación de empleo. Porque, a fin de cuentas, la estabilidad es condición indispensable, para que México siga avanzando de manera positiva y con paso firme”.
