PUIGDEMONT Y 4 CONSEJEROS SE ENTREGAN A LA POLICÍA BELGA
MADRID .- El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro consejeros que se refugiaron junto con él en Bélgica se entregaron voluntariamente ayer en una comisaría de Bruselas, donde un juez les tomó declaración para decidir, en un plazo de 24 horas, su futuro inmediato.
Las alternativas son tres: rechazar tramitar la euroorden dictada por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela; dejarlos bajo custodia policial mientras reclama más explicaciones sobre las denuncias en su contra; o, finalmente, dejarlos en libertad mientras se decide su caso en un proceso judicial.
Puigdemont y sus ex consejeros, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, se encontraban en Bélgica desde el pasado 29 de octubre, cuando viajaron de forma semiclandestina desde Cataluña a la capital belga.
Su objetivo era evadir a la justicia española, que tenía previsto citarlos a declarar la semana pasada por los delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos y cohecho.
De hecho, el resto de los integrantes del gobierno de Puigdemont, entre ellos el ex vicepresidente y líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, fueron interrogados el pasado jueves y enviados a la cárcel sin derecho a fianza -con la excepción de Santi Vila, que dimitió de su cargo la víspera de la declaración unilateral de independencia impulsada por Puigdemont y aprobada en el Parlamento catalán el pasado 27 de octubre-.
Desde su partida de Girona, su ciudad natal, Puigdemont se ha mostrado públicamente en varias ocasiones, incluida una rueda de prensa en la que advirtió que no pensaba regresar a España hasta que no tuviera las “garantías de un juicio justo”. Tras su inasistencia a comparecer ante le Audiencia Nacional, finalmente la magistrada decidió el pasado viernes girar las órdenes de búsqueda y captura contra los cinco políticos catalanes prófugos.
Puigdemont se entregó de forma voluntaria a la policía belga, que tras ponerlo a disposición judicial y siempre en compañía de sus abogados, que informaron que cuando fueron trasladados de la comisaría a la sede de la Fiscalía belga -donde fueron interrogados por el juez- no iban esposados al “no haber riesgo de fuga”, entre otras cosas porque se presentaron de forma voluntaria y porque en todo momento han expresado su disponibilidad para “colaborar” con la justicia belga.
El proceso de trámite de la euroorden se podría prolongar hasta 90 días, con lo que en caso de que sea así, Puigdemont se encontraría fuera de Cataluña durante la campaña electoral de cara a los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre, en los que dijo estar dispuesto a presentarse como candidato en el exilio y a ser cabeza de lista de una coalición de formaciones independentistas, en las que se pretende también invitar a la marca electoral de Podemos en Cataluña.
El nacionalismo catalán tiene estrechos vínculos con el nacionalismo flamenco de Bélgica, que también, al igual que el partido de Puigdemont, tiene una raíz conservadora.
Jan Jambon, viceprimer ministro de Bélgica y responsable de la cartera de Interior, pertenece precisamente a esta formación y ha sido el primero en alzar la voz en favor de los independentistas catalanes.
A juicio de Jambon, el gobierno de Mariano Rajoy “ha ido demasiado lejos al haber antepuesto las leyes nacionales a la convención de los Derechos Humanos y otras leyes que están por encima. Existe la ley española, pero también el Derecho Internacional, la Convención Europea de Derechos Humanos y otras cosas. Y todo esto está por encima de la ley de un Estado miembro”.
Incluso reclamó más atención por parte de la Unión Europea (UE) a este conflicto y que rompa así con su alineamiento con España.
“Solo estoy cuestionando cómo un Estado miembro de la UE puede llegar tan lejos, y me pregunto dónde está Europa para tener una opinión al respecto. Cuando la Policía golpea a las personas, cabe preguntarse cosas. Cuando el Estado español encierra a dos líderes de opinión, tengo preguntas. Y ahora el Gobierno español actuará en el lugar de un gobierno elegido democráticamente, cuyos miembros están encarcelados… ¿Qué han hecho mal? Simplemente aplican el mandato que recibieron de sus electores. Entonces, me estoy haciendo preguntas”, añadió Jambon.
Más duro aún fue el ex primer ministro de Bélgica Elio Di Rupo, que calificó al gobierno español de “franquista” y “autoritario”, al advertir que “Puigdemont ha abusado de su posición, pero Rajoy se ha comportado como un franquista autoritario. Encontremos el camino de una España más federal. Yo combato la política de Puigdemont, pero me impactaría mucho si la Justicia belga le metiese en prisión”.
Desde el derechista Partido Popular (PP), el europarlamentario Esteban González Pons calificó los ataques de los políticos belgas de “irresponsables y peligrosos”, al advertir que “si el ministro Jambon duda de la imparcialidad y el respeto por la legalidad de la justicia española, sin duda el ministro tiene un problema de percepción de las democracias en Europa”.
