QUE HABLE ZEDILLO #MartesDeColumnas @irmapilaro EN @Entresemanamx
IRMA PILAR ORTIZ
Sí, que hable el ex presidente Ernesto Zedillo y explique algunas de las decisiones que tomó durante su sexenio de 1994-2000.
La senadora por la Ciudad de México, Guadalupe Chavira, seguramente como consecuencia de su poca experiencia en el ámbito Legislativo, propuso que la Cámara alta formara una Comisión para llamar a comparecer al ex presidente.
Seguramente nadie le informó, porque igual tampoco conocen la Constitución, que un ciudadano no puede ser citado por el Senado de la República a “comparecer”. Esta figura es exclusiva para funcionarios públicos, para responder por sus actos ante el Legislativo.
Pero resulta que Zedillo dejó de ser funcionario desde el año 2000, ¡hace un cuarto de siglo!!
Pero dejando a un lado ese “pequeño detalle”, sería muy bueno que el ex Jefe del Ejecutivo explique, si quieren porqué el Fobaproa, sí; pero, sobre todo, porqué presionó al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) hoy IECM, en esa época presidido por Javier Santiago Castillo, para que en 1999 aprobara el registro de Andrés Manuel López Obrador como el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Jefatura de Gobierno.
En ese momento, el entonces dirigente perredista no pudo comprobar su residencia en la Ciudad de México, ya que su credencial de elector lo acreditaba como habitante de Macuspana, Tabasco, pues apenas en 1994 había querido ser gobernador de aquella entidad.
Las sesiones públicas del IEDF fueron intensas en esa antesala del nuevo milenio (1999), pues no todos los integrantes del Instituto estaban convencidos de hacerse de la “vista gorda” ante esta falta de residencia. Los debates los protagonizaron Emilio Álvarez de Icaza, Eduardo Huchim May, Rubén Lara León, Rodrigo Morales Manzanarez, Leonardo Valdéz Zurita y por supuesto Javier Santiago.
La indicación directa desde la Presidencia de la República era que no se podía regatear a López Obrador –después de toda la movilización que había hecho en Tabasco, apenas unos años atrás–, la candidatura a la Ciudad de México, pues podría generar la misma inestabilidad que había creado en aquella entidad y eso no se podía permitir en la capital del país.
Todos sabían que tenía un departamento en Copilco, cerca de C.U., en donde vivía su entonces esposa y sus hijos.
Sin embargo, a cualquier otra persona no le aceptarían los recibos del pago de electricidad o la boleta predial para acreditar una residencia permanente en la ciudad que pretende gobernar, pero aquí sí funcionó. Gracias a Ernesto Zedillo.
De esta forma, quien conocía al Distrito Federal, porque aquí estudió la licenciatura, pero no por haber nacido ni vivido de forma continua en la capital del país, se convirtió en el primer Jefe de Gobierno electo por voto popular.
En esa época, estaba por aplicarse la reforma constitucional de 1996, que determinó que para los procesos electorales de 1997 y 2000, los ciudadanos del Distrito Federal podrían elegir mediante el voto universal, secreto y directo, a quien ocuparía la Jefatura de Gobierno y a las personas responsables de las demarcaciones políticas en que se dividía la capital del país.
Así, después de las movilizaciones que hizo en Tabasco a partir de 1994, cuando quiso tirar a Roberto Madrazo de la Gubernatura, ampliamente apoyado por el mismo Presidente Zedillo quien a través del secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, presionó a Madrazo Pintado para que declinara la gubernatura y dejar a un interino en su lugar, como lo exigía López Obrador.
Son muchos los eventos que protagonizó Ernesto Zedillo que iban dirigidos a favorecer a una sola persona: Andrés Manuel. Por eso, sí, sí, que expliqué, a toro pasado en efecto. Sólo para entender por qué pasaron las cosas y porque hoy estamos así: con una deuda pública varias veces mayor que la deuda del Fobaproa.
Porque si comparamos la deuda pública que dejó Enrique Peña Nieto, la deuda pública se incrementó en 23% (3.2 billones de pesos) respecto a 2018., porque el Gobierno pidió más préstamos en moneda nacional, elevándola en un 45.5 por ciento, –4.1 billones de pesos–, frente a lo que dejó Peña en 2018.
Como dijo el diputado Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, a 30 años de este rescate, los contribuyentes han pagado dos billones 30 mil millones de pesos, tan solo en interés, mismos que equivalen al seis por ciento del Producto Interno Bruto, cuando la deuda original era de 687 mil 844 millones de pesos.
Realmente deberían hacer caso al priista Rubén Moreira, quien por tercera ocasión presentó una iniciativa de ley para eliminar el Fobaproa, dejando a salvo el seguro de depósito, así como la función del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) como asegurador de los ahorradores.
El adeudo ya está más que pagado.
Así que el Fobaproa debería dejar de ser pretexto y que expliqué Zedillo Ponce de León, por qué en su afán de ser el “demócrata”, obligó al Instituto Electoral del Distrito Federal, hoy de la Ciudad de México, a truquear los reglamentos que permitieron una candidatura a la Jefatura de Gobierno a quien no tenía la residencia que marcaba y marca la Ley.
Lo que vino después ya es otra cosa.
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