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Sin proponérselo, Lorenzo Córdova y los demás consejeros electorales deberán construir y conducir un mecanismo que garantice equidad, transparencia y certeza en la competencia vía encuestas

La autoproclamada Cuarta Transformación no logró descarrilar ni colonizar al Instituto Nacional Electoral (INE) de Lorenzo Córdova y los consejeros que lo conformaban antes de la llegada del actual gobierno.

Por el contrario, hoy se coloca como el organismo autónomo que habrá de garantizar el derecho al voto en medio de la pandemia, afrontando el desafío de construir las reglas covid en la disputa del voto.

Y como si no fuera suficiente con organizar a un millón de ciudadanos que cuidarán las urnas para renovar la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, entre un total de 21 mil 368 cargos el próximo 6 de junio, los once consejeros del INE han recibido una misión adicional: custodiar el relevo de la dirigencia del partido en el poder.

Derivada de una instrucción del Tribunal Electoral, esta tarea de administrar el proceso de selección del futuro presidente o presidenta de Morena, por la vía de encuestas, es un regalo en charola de plata para un árbitro electoral que ha padecido el golpeteo del fundador de ese partido y sus seguidores.

La paradoja de esta situación es que el peso del INE en el futuro inmediato de Morena también es un síntoma de la inviabilidad del discurso antiINE y de la estrategia de desinstitucionalización que defiende el sector radical de ese partido.

Es un sector que, por conducto de John Ackerman, tampoco pudo imponer sus criterios en la elección que la Cámara de Diputados hizo hace seis semanas de cuatro consejeros: Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Martín Faz, Uuckib Espadas.

Si bien los nuevos integrantes del INE responden a un perfil más afín a la visión de la mayoría legislativa morenista, no existen hasta ahora evidencias de la temida colonización.

Apenas anoche, con seis consejeros a favor, en la aprobación del registro de Encuentro Solidario (PES) como nuevo partido, los cinco votos en contra, bajo el argumento de que su conformación violó el Estado laico, provinieron de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama y de tres de los recién integrados: De la Cruz, Faz y Espadas.

Y en la negativa al registro de México Libre, de Felipe Calderón y Margarita Zavala, fue interesante observar que los siete votos en contra fueron de Córdova, Murayama, Adriana Favela, Jaime Rivera, De la Cruz, Faz y Humphrey.

Son ejemplos de que, a la hora de los hechos concretos, prevalece el libre albedrío de cada quién y decisiones que son un saldo de la pluralidad.

Y así como en el recambio de consejeros no hubo descarrilamiento institucional alguno. Tampoco en el plano legislativo existen avances. Porque la comunicación presidencial contra el INE no se ha podido traducir en una reforma que cercene su autonomía.

Al revés. Una de las apuestas de campaña hacia 2021 del presidente López Obrador, la de preguntar si hay que juzgar o no a los expresidentes, necesitará del visto bueno del INE: en la validación de las firmas de los ciudadanos que soliciten la consulta popular, primero, y si ésta prospera, en su organización en agosto próximo.

Así que son varios los caminos que conducen al fortalecimiento del INE, aun en medio de la frustración de altos mandos de Morena que consideran que la sentencia del Tribunal es una intromisión en la vida partidista: Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino del partido; Bertha Luján, quien prefirió bajarse de la competencia vía encuestas, y, por supuesto, Ackerman.

Esa sentencia, sin embargo, fue cabildeada por senadores del ala pragmática de Morena que ahí lidera Ricardo Monreal. Lo hicieron con el aval de Palacio Nacional. De lo contrario, el Tribunal no se habría lanzado a tan audaz medida.

Consecuentemente, en la definición de las encuestadoras, los potenciales encuestados y las preguntas para elegir al futuro dirigente morenista, el consejero presidente del INE se encuentra tocando base con los involucrados: Ramírez Cuéllar; y los candidatos Mario Delgado Carrillo, coordinador de los diputados; el académico Gibrán Ramírez; Yeidckol Polevnsky, expresidenta del partido; diputado Porfirio Muñoz Ledo, senadora Citlali Hernández y Alejandro Díaz Durán.

Sin proponérselo, Lorenzo Córdova y los demás consejeros electorales deberán construir y conducir un mecanismo que garantice equidad, transparencia y certeza en la competencia vía encuestas, las cuales deberán aplicarse antes de que concluya octubre próximo. La escena final de ese proceso, el momento en que se abra el sobre con el nombre del ganador, será una evidencia de cómo el INE se ha ido imponiendo, por la vía de los hechos, a la narrativa de la descalificación del presidente López Obrador porque supuestamente fue artífice de los fraudes en su contra.

Quién iba a imaginar, hace dos años, frente a la retórica del cambio de régimen, que Lorenzo Córdova se convertiría en una especie de operador de la conciliación que los morenistas, por sus conflictos internos, fueron incapaces de construir.