#Sabadeando INDEFINICIONES vs LA CORRUPCIÓN EN LA 4T @ivonnemelgar EN @Excelsior
• La sorpresiva detención de Collado por crear empresas fantasma y por el manejo de la Caja Libertad, según las acusaciones, también dio pie a la especie de si había empezado la revisión de las cuentas de personajes ligados a su amigo, el expresidente Peña.
Un día el Presidente declara que en el caso de la llamada Estafa Maestra, la Fiscalía General de la República (FGR) irá hasta las últimas consecuencias. Pero 48 horas después reactiva el argumento de que la exsecretaria Rosario Robles es chivo expiatorio de una trama en la que “los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba”.
Por supuesto que López Obrador tiene razón: si ese denunciado mecanismo administrativo, financiero y empresarial contiene visos de ilegalidad y corrupción, tendría que tratarse de un modus operandi avalado por el expresidente Peña Nieto y sus exsecretarios de Hacienda, por decir lo menos.
Pero mientras el Presidente sigue sin descartar la idea del borrón y cuenta nueva, el temido titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, asegura que ésta investiga los movimientos bancarios de empresas, funcionarios y universidades públicas vinculados al caso.
El llamado a la exsecretaria Robles para comparecer ante un juzgado federal desató la especulación de si éste es el inicio de indagaciones mayores a presuntos actos de corrupción del sexenio pasado.
En medio de las indefiniciones presidenciales, aquella hipótesis se adereza con otros expedientes: el de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, a quien esta semana un juez le concedió la suspensión de su captura; el de Alonso Ancira, en prisión domiciliaria en España por la supuesta venta irregular de una planta a la empresa petrolera y quien se definió este miércoles como “un perseguido político”, y el del abogado Juan Collado, encarcelado por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
La sorpresiva detención del penalista, en julio, por crear empresas fantasma y por el manejo de la Caja Libertad, según las acusaciones, también dio pie a la especie de si había empezado la revisión de las cuentas de personajes ligados a su amigo, el expresidente Peña.
La prisión de Collado —detenido cuando comía con el líder petrolero, Carlos Romero Deschamps— revivió la imagen de la boda de su hija, realizada 40 días atrás, y a la que acudieron Peña Nieto, exsecretarios de su gabinete, gobernadores y políticos priistas, el dirigente sindical y los ministros de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, Jorge Pardo y Eduardo Medina Mora.
El video en el que Julio Iglesias canta en la mesa del padre de la novia y los comensales disfrutan el momento, alimentó morbosas suposiciones de que aquella fiesta constituiría un capítulo en la narrativa anticorrupción de la 4T.
En los hechos, sin embargo, ningún planteamiento institucional hilvanó estos acontecimientos judiciales, hasta ahora aislados.
Abundan, eso sí, historias extraoficiales y reconstrucciones de lo sucedido en la famosa boda, donde, según participantes de la misma, habría habido un indiscreto invitado que, con grabación de por medio, registró momentos de eufóricas conversaciones cuya constante fueron las críticas al actual gobierno.
Según esta versión, el audio de las confesiones en las mesas de algunos de los enfiestados personajes llegó a oficinas gubernamentales, delatando el clima de camaradería entre los hombres del poder político y económico.
A la incertidumbre de hasta dónde llegarán estos expedientes, se suman otros cuantos relacionados con la corrupción, como el de haber conseguido que le ampliaran el mandato al próximo gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, a cambio de una especie de amnistía para el gobierno saliente del panista Francisco Vega y sus aliados en el Congreso.
Si bien nadie ha presentado pruebas sobre ese posible pacto de impunidad, se habla de cenas y encuentros privados en los que se diseñó la ruta de incrementar de dos a cinco años la gestión del futuro mandatario estatal, con el visto bueno de la mayoría legislativa local del PAN.
De confirmarse el denunciado pacto de impunidad en Baja California, el gobernador Bonilla habría tomado el camino del punto final, varias veces esbozado por el presidente López Obrador como opción a seguir.
En Puebla, el gobernador Miguel Barbosa se colocó este jueves al frente de la vía contraria. Y bajo el argumento de que la 4T debe castigar a quienes en el pasado abusaron del poder, anunció auditorías para sus antecesores, aun cuando dos de ellos ya no podrán defenderse.
De manera que la cotidiana estigmatización presidencial de los corruptos ha tomado caminos tan diversos como confusos en los primeros ocho meses del gobierno de López Obrador.
Porque aun cuando la poderosa retórica de Palacio Nacional tiene su apuesta de desarrollo en el fin de la corrupción, persisten las indefiniciones, incluso discursivas, entre hurgar o no en el pasado.
