SENADORA PIDE MANTENER RECURSO A ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON VIH
SENADO DE LA REPÚBLICA, CDMX.- La senadora Sylvana Beltrones, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció la presentación de un Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a no suspender el financiamiento público a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover políticas de prevención, detección y combate a la discriminación asociadas al VIH-SIDA A su vez el presidente de la Comisión de Salud, el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, expresó que “hablar de VIH-SIDA, es hablar de inclusión, tratamiento y medicamentos que no deben excluir a nadie”.
En tanto el presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, celebró el conversatorio “El quehacer de las organizaciones de la sociedad civil en la atención y prevención del VIH-SIDA”.
Manifestó su preocupación por la suspensión de la convocatoria del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) y llamó a hacer a un lado la política y a formar un frente común para atender a las personas que viven con VIH y SIDA.
En México, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han tenido éxito al incidir en políticas públicas y en el proceso legislativo en la atención de personas con VIH-SIDA, discapacidad y comunidades indígenas.
De acuerdo con un estudio, elaborado en la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, el rol de las OSC ha sido complementar y, en ocasiones, suplir las funciones que le corresponden al Estado.
Las investigadoras Perla Carolina Gris Legorreta y Susana Ramírez Hernández analizaron las líneas de trabajo de algunas de las OSC más importantes del país, las cuales, dijeron, constituyen un mecanismo de soporte importante para la atención de la población en áreas clave como la salud y el desarrollo social. Señalaron que así ocurrió con la participación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que derivó en la promulgación de la Ley General de Víctimas en 2013.
Las investigadoras identificaron que las actividades de estas organizaciones se centran, generalmente, en la atención de grupos vulnerables de la población tales como las personas con VIH, discapacidad y comunidades indígenas.
En tanto, los representantes de las OSC coincidieron en que la decisión del gobierno federal de disminuir el financiamiento público de las OSC podría generar un grave problema de salud pública, al desatender a personas con estos padecimientos. Señalaron que en la lucha contra la corrupción es necesario hacer una valoración importante de las asociaciones que sí representan un apoyo para el Estado.
