UN COMITÉ CIUDADANO PARA LA OBSERVACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL NUEVO PODER JUDICIAL @MARTHAGTZ #JuevesDeMasColumnas en @elheraldo

Conforme avanza el desarrollo para elegir, el 1 de junio de 2025, por primera vez a través de voto popular, a 881 ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces, nos convencemos cada vez más de que, desde su definición, el proceso de elección del nuevo Poder Judicial está plagado de vacíos, mañas y simulación. Muy al estilo de Andrés Manuel López Obrador y su 4T.

Además, es el resultado de elevar a rango constitucional un pleito que, desde el inicio, nunca fue contra los jueces y magistrados. Por el contrario, la venganza de Andrés Manuel López Obrador fue, en realidad, consecuencia de las filias y fobias que sentía hacia unos cuantos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De esta manera, pretextando tener la “mayoría” y el derecho para hacer lo que le viniera en gana, al diablo las instituciones, y en el camino decidió destruir al Poder Judicial. Todo esto, alentado y conducido por un hombre acomplejado y de muy corta visión como el exministro Arturo Zaldívar, a quien, por cierto, le negaron la inconstitucional idea de ampliar de 4 a 6 años su permanencia al frente del Poder Judicial, por atentar contra la independencia judicial.

Recordemos las críticas que expresó Porfirio Muñoz Ledo en el Congreso Federal aquella noche de abril de 2021, después de la aprobación del transitorio para la implementación de la “Ley Zaldívar”, calificando la medida de autoritaria, de ir contra la Constitución, y de estar encaminada a debilitar la separación de poderes y los mecanismos de pesos y contrapesos. Lo demás ya es historia.

Así fue como el pleito contra los ministros de la SCJN fue implementado en la agenda de la campaña del 2024, y como es costumbre en el obradorato, llevaron a cabo en los eventos de la candidata presidencial unas pseudo-consultas preguntando, muy al estilo del Mesías Macuspano: “Levanten la mano quienes no estén de acuerdo con el Poder Judicial actual”. Luego entonces, como se trataba de acarreados a sus mitines, ¿qué creen? Pues sí, aunque la mayoría no sabía de qué les estaban hablando, todos levantaron la mano.

Estas pseudo-consultas le dieron sustento a la decisión política que iban a implantar en algo denominado “Plan C”, que consistía en deliberadamente destruir el Poder Judicial, y resolvieron correr a todos quienes ocupaban los cargos de ministros, magistrados y jueces. Para inventar de la nada (de la misma manera que fue la consulta para destruir el Aeropuerto de Texcoco), la elección del nuevo Poder Judicial.

El argumento para que esto sucediera es que tienen el mandato del pueblo para reformar el Poder Judicial (sic), que son la mayoría, que ellos son los buenos y el resto de la humanidad son los malos, y a partir de eso tienen el derecho a destruir instituciones.

Así, en una medida por demás autoritaria y echando por la borda toda una historia de preparación y profesionalización del capital humano que integra el Poder Judicial, desde las oficinas de la Presidencia de la República, redactaron una reforma al Poder Judicial donde no escucharon al propio Poder Judicial, ni tampoco al INE. Por supuesto, de la planeación de impacto presupuestal, ni hablamos.

Así reformaron la Constitución y establecieron los procedimientos de construcción de una elección, en la que la figura de las candidatas y candidatos al nuevo Poder Judicial queda muy delimitada.

Porque pusieron a competir a mujeres y hombres con vasta experiencia y preparación en la carrera del Poder Judicial con candidatos externos, buscachambas, ahora denominados “Benitos Juárez”, en una alegoría pseudo-histórica de que todos se van a parecer al Benemérito de las Américas, y ahí tenemos de todo.

En la primera etapa del proceso, se malintegraron los registros, con nombres repetidos (sin considerar que muchos de los aspirantes se registraron por la vía del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial), tratando de llenar el mayor número de formularios para legitimar el primer paso del proceso. Para que la 4T y sus aplaudidores pudieran festejar el “éxito” de la convocatoria.

Podríamos calificar de cómica la falta de inteligencia de los sicarios de Morena y sus aliados. Sin embargo, el asunto es verdaderamente dramático, ya que su incapacidad nos está llevando a correr un gran riesgo si no existe una vigilancia sensata en este proceso. Porque se nos puede ir de las manos el país entero, pero evidentemente esa vigilancia no debe venir desde los partidos políticos.

Por supuesto que, en el tramo de negocios de Alito Moreno, Jorge Romero y Jorge Álvarez Máynez, no está defender a México y mucho menos al Poder Judicial.

Lo que nos queda a los ciudadanos es constituir, cuanto antes, dos grupos: Un Comité Ciudadano de Estrategia para el diseño de un nuevo Poder Judicial y un Comité Ciudadano de Observación del Proceso.

El Comité Ciudadano de Estrategia debe constituirse para abordar sistémicamente la crisis de los procesos del Poder Judicial. Ya que, evidentemente, en cada una de sus ramas, no necesariamente la aplicación del Derecho significa la aplicación de la Justicia.

Los mejores abogados del país deben aclarar y explicar ambas dimensiones y aprovechar el camino que se ha abierto para definir (no desde la óptica de los legisladores que ya sabemos que solo atinan a levantar el dedo), las grandes oportunidades de desarrollo de las diferentes ramas del Derecho mexicano para la justicia de los próximos años. Como un trabajo permanente que trascienda a los diputados de tómbola del 2° piso de la 4T.

Por otro lado, un Comité Ciudadano de Observación del Proceso, que comience por identificar y analizar los perfiles de aquellos que terminarán saliendo de una tómbola el 4 de febrero de 2025.

Porque algunos personajes que se han registrado para participar en el proceso de elecciones del nuevo Poder Judicial son verdaderamente impresentables y están aterrando a la sociedad por su desprestigio. Por ninguna circunstancia deben llegar a las boletas, aunque hayan salido de la tómbola.

Bajo estas condiciones, las candidaturas, los procesos de campaña, la comunicación de las mismas y la legitimación de la elección deben formar parte de una agenda minuciosa de observación ciudadana, con análisis que cuenten con una vasta exposición mediática para que los ciudadanos estemos suficientemente enterados del proceso de elección, de quiénes están participando por los 881 cargos del Poder Judicial y de lo que esto representa para todos.

Ya que en esta elección, sí nos estamos jugando el destino de nuestro país para las próximas décadas.

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ
@MarthaGtz
Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.