URGENTE ATENDER LA TRATA DE PERSONAS EN MORELOS

NACIONAL

Cuernavaca, Morelos.- La trata de personas, es reconocida por el Protocolo de Palermo, como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación, siempre y cuando se recurra a la coerción, fraude, engaño, abuso de poder, abuso de una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la otra”.

La explotación sexual y laboral son los principales objetivos de la trata que inicia con la desaparición de las personas.

De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, el 72% de las víctimas detectadas de trata son mujeres y niñas; además, entre los años 2004 y 2016 el número de víctimas infantiles se ha duplicado. Esta situación demanda la actuación de los gobiernos para contar con las herramientas jurídicas y recursos humanos y financieros para su atención, sanción y erradicación, en cumplimiento del Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 2010.

En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos que preside el Lic. Raúl Israel Hernández Cruz, llama a la reflexión sobre la situación de las víctimas de tráfico humano y la protección a sus derechos humanos, en el marco del Día Mundial Contra la Trata de Personas, conmemorado el 30 de julio desde el año 2013.

Es por ello que para esta Comisión resulta necesario la actualización del Diagnóstico Estatal de Trata de Personas, cuya última elaboración se remonta al año 2012; ello permitirá contar con la información necesaria para definir líneas de acción para el combate efectivo de este delito, toda vez que Morelos se ubica como una entidad de origen, tránsito y destino del tráfico humano.

Además, es necesario contar con un marco jurídico estatal que contemple este práctica ya que actualmente se encuentra derogado este delito en Morelos, por lo que las autoridades de procuración de justicia se apegan a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, entrada en vigor en el año 2012, lo que dificulta su atención a nivel local pues se investiga a través de la Procuraduría General de la República.

Sumado a lo anterior, resulta urgente hacer frente a la desaparición de personas cuya medición representa un reto de urgente atención, pues no se cuenta con bases de datos claras y transparentes, lo que imposibilita su efectivo combate. De acuerdo a cifras recabadas por esta Comisión de Derechos Humanos, tan solo en 2018 fueron reportadas como desaparecidas 515 personas, entre ellas 294 son mujeres de las cuales fueron localizadas 183 y más de 100 continúan desaparecidas.

La trata de personas es un delito y una violación grave a los derechos y dignidad humanas y constituye una amenaza a la seguridad nacional y un menoscabo del desarrollo sostenible y el estado de derecho; reconocerlo es el primer paso para combatirlo y erradicarlo.