VIOLENCIA E IMPUNIDAD, DESAFÍAN AL ESTADO / Mauricio Farah @mfarahg

Sucesos de diversa índole dan cuenta de una violencia inaceptable, que debe ser frenada con acciones eficaces de prevención y aplicación de la ley, para impedir la impunidad.

La muestra es sólo de hechos recientes:

Ocho sujetos armados atacan a una familia en una carretera hacia la ciudad de Puebla. Los agresores privan de la vida a un niño de dos años y abusan sexualmente de dos mujeres. La cobardía del ataque revela el grado de descomposición al que puede llegarse, en un entorno de violencia que alienta al crimen y acosa a la población.

La sensación de poder e impunidad que presumen grupos delincuenciales, conduce al homicidio de tres choferes de transporte público a los que disparan a sangre fría en Ecatepec y Acolman. Los mensajes que dejan a un lado de sus víctimas no son para ellas, sino para quienes no quieren someterse a la extorsión, como intolerable amenaza de la ilegalidad sobre el esfuerzo honesto. La lógica es ofensiva e inadmisible: vivir del trabajo y de la muerte ajena.

En Reynosa, la disputa entre cárteles atrapa a la ciudad en balaceras, bloqueos, robos y ejecuciones, en un episodio más en los que la violencia impone la suspensión de actividades, la incertidumbre y el encierro de los habitantes en sus casas.

En Puebla, grupos de huachicoleros atacan dos veces unidades del Ejército y causan la muerte de cuatro militares. El franco desafío, durante el cual las Fuerzas Armadas abaten a seis delincuentes, revela el descaro sustentado en el poder económico y armado, que han alcanzado estos criminales, a los que el presidente Enrique Peña Nieto ha ordenado frenar en las zonas del país, en las que roban a todos los mexicanos con la extracción ilegal de hidrocarburos.

Los hechos mencionados no tienen relación directa entre sí, pero comparten un entorno enrarecido, que a su vez remite tanto al denominador común de la exaltación de la violencia, como al de la imaginable impunidad que suponen sus perpetradores.

El Estado debe estar por encima de ambas visiones absurdas: la violencia no es solución de nadie, ni siquiera de grupos criminales que basan en ella sus capacidades para delinquir; y la impunidad no debe ser recompensa de quienes agreden a personas y lastiman a la sociedad entera.

La aplicación de medidas preventivas, de la fuerza pública en su caso, y de la justicia en todos estos hechos, debe mostrar claramente que no hay margen para la cobardía asesina ni para el desafío a las instituciones de protección y seguridad pública.

Tenemos muchos retos en esta materia, pero más que abrumarnos y dejarnos llevar por la impresión de estar rebasados, los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno deben actuar con eficacia para poner freno, en el marco de la ley, a la creencia de los criminales de que pueden llegar tan lejos como quieran y de que serán absueltos por la impunidad.

En este terreno no hay espacio para la resignación o la indiferencia. La recuperación de la paz y el orden no es una opción, sino la única vía para este país, que merece y demanda seguridad y certeza.

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

ESTA COLUMNA SE PUBLICA EN EM DIARIO LA RAZÓN.