YA TENEMOS A DUARTE, AHORA VAMOS POR LO QUE SE LLEVÓ : PGR

CIUDAD DE MÉXICO .- La Procuraduría General de la República no conoce la estrategia de litigio de defensa de Javier Duarte de Ochoa respecto a la solicitud de detención provisional con fines de extradición ejecutada el pasado 15 de abril, pero tiene información de que el próximo 19 de abril se llevará a cabo la audiencia en la que se le notificará por parte del juzgado quinto de Sentencia Penal de actividades de narcomenudeo y delitos contra el ambiente.

De acuerdo con el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, esa audiencia es independiente de la notificación que se le hace por la aprehensión a partir de la cual el gobierno tiene 60 días para presentar la solicitud formal de extradición.

A pregunta expresa sobre si ya existe una fecha probable para presentar esta solicitud, dijo que será a la brevedad posible pues se está integrando el expediente para dar debido cumplimiento al Tratado Bilateral en materia de extradición entre ambos países y no tener ningún inconveniente en este proceso.

El funcionario dijo que en el momento que Javier Duarte aceptara el proceso de extradición en términos del convenio, la autoridad guatemalteca tendrá que realizar la entrega de la persona lo cual podría ser en aproximadamente un mes, aunque en caso de que no fuera un allanamiento al procedimiento, sería entre seis meses y un año.

Comentó que en términos de la solicitud de detención provisional y de los elementos con que cuenta la PGR en el expediente que se ha instruido en su contra y que sustenta la orden de aprehensión de octubre, “no existe ningún inconveniente por parte de las autoridades guatemaltecas para que autorice su extradición”.

Indicó que la dependencia continúa con todas las investigaciones para determinar todos los recursos que puedan ser objeto de aseguramiento y resarcir el daño a los veracruzanos, por lo que se han realizado diversas diligencias como el acuerdo reparatorio de más de 420 millones, se han asegurado inmuebles, cuentas bancarias y otros activos en diversas entidades y se han identificado activos en otros países como Estados Unidos y España.

“Se está haciendo el trámite para su debido aseguramiento en el momento procesal oportuno que sean entregados a las autoridades mexicanas y a su vez a los veracruzanos, es el fuerte compromiso de la PGR, ya tenemos a Duarte, ahora vamos por lo que se llevó y resarcir el daño que han sufrido los veracruzanos”, advirtió.

Respecto a la forma en que fue detenido Javier Duarte, el funcionario reiteró que se realizó una verdadera actividad de inteligencia en coordinación con diversas instituciones como la Interpol y el gobierno de Guatemala con la PGR y permitieron “ir cerrando el círculo de movilidad del señor Duarte hasta poder identificarlo en el hotel para lograr su detención”.

Sobre si no fue un error un evidente el que la familia de Karime Macias, esposa de Duarte haya contratado un avión para viajar a Guatemala, el funcionario respondió: “es parte de la estrategia de toda esta investigación de gabinete y de campo que realizó la agencia de investigación criminal, en ir cerrando esto círculos de movilidad lo que genera que se cometan errores y con la investigación y seguimiento se logró la localización y detención”.

Comentó que a raíz de la información que circuló sobre que Duarte de Ochoa estaba en Canadá, se consultó al gobierno de ese país el cual confirmó que el exgobernador de Veracruz no estaba en ese país por lo que se descartó la versión y negó que este dato haya sido un distractor.

Respecto a la situación legal de la esposa de Duarte y su familia, el subprocurador dijo que la PGR sigue investigando a todas las personas que sean cómplices, prestanombres, que participen en empresas fachadas, para poder presentarlos en la justicia mexicana y aclaró que todos los recursos que se acrediten mediante un desvío ilícito del erario de los veracruzanos se deberán identificar, asegurar y entregarlos al pueblo de Veracruz.

El funcionario dijo que las penas máximas que podría alcanzar Duarte de Ochoa, en términos del Código Penal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; uno el de delincuencia organizada es una pena de 20 a 40 años, lo cual determinará el juez; y dos por el delito de recursos de procedencia ilícita es de cinco a 15 años, pena que impone el Poder Judicial, pero esos son los máximos.