CIFRAS DE VÍCTIMAS DE TORTURA QUE OBTUVIERON JUSTICIA ES DEMASIADO BAJA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cristian Urbalejo, integrante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), destacó que el Estado mexicano tiene una gran deuda con las víctimas de ese fenómeno y no se ha resarcido, ya que las cifras reportadas, con respecto a quienes tuvieron justicia en el país, son demasiado bajas.

Así lo señaló durante el conversatorio “México ante el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas: Análisis de las conclusiones y recomendaciones finales”, donde se habló sobre algunos temas específicos como confinamiento, tortura y malos tratos en las instituciones de salud mental, así como con los penitenciarios durante sus traslados y detenciones migratorias.

En el acto, Urbalejo también resaltó que las organizaciones solicitan que se dé a las víctimas una atención integral y províctima. En tanto, de la organización civil Documenta, Ángel M. Salvador expuso la importancia que se vea a la tortura como un fenómeno complejo tanto por las poblaciones que alcanza geográficamente donde ocurre, los métodos y más allá de lo que es sólo procuración de justicia.

De Perita Independiente, Edith Escareño comentó que las organizaciones autosuficientes solicitan al gobierno de México garantizar las investigaciones autónomas en el tema de dictámenes de orden psicológico, ya que abriría una puerta a la justicia en esos casos, así como enfatizar la responsabilidad de los peritos que perdieron parte del rumbo de la ética.

Mario Hurtado, de la organización Propuesta Cívica, dijo que las personas victimarias son funcionarios públicos y autoridades estatales, por lo cual es importante que los mensajes hacia estas autoridades, en el marco de un proceso de transición y de transformación, sean para que dejen de violar los derechos humanos.

Añadió que es la primera medida de prevención de respeto y de garantía de los derechos, sobre todo en materia de defensores y periodistas, específicamente donde ellos son los principales victimarios de estas poblaciones. Ante ello llamó al fortalecimiento del mecanismo federal de protección en términos financieros y en recursos humanos, conteniendo información de todas las entidades federativas.

Además pidió tener un diálogo abierto con todas las instituciones para la creación de una política pública que permita avanzar hacia la garantía de defender los derechos humanos y el ejercicio periodístico de México.

En cuanto al tema de detención migratoria y tortura, Claudia León, del Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, indicó que desde las organizaciones se realiza un trabajo de monitoreo en relación a los éxodos y flujos migrantes que han ingresado desde el año pasado al país.

Resaltó que les preocupa cómo es que la detención no deja de ser la regla y las violaciones sistemáticas a derechos humanos en México.