PROHIBIR CELULARES EN ESCUELAS, AVANCE O RETROCESO?
CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, MX.- En días recientes, el gobierno federal ha anunciado la elaboración de medidas para regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas. El tema fue planteado desde el mes pasado en las conferencias de prensa matutinas de la presidenta Sheinbaum, y ahora se anunció la realización de una consulta al respecto a más de un millón de docentes los días 24 y 25 de agosto. Se trata, desde luego, de un problema que desde hace ya varios años requería de una urgente discusión pública y que debe englobar no sólo el uso de dispositivos móviles, sino el uso de otras tecnologías como el Internet y la inteligencia artificial, las cuales ya repercuten en innumerables procesos educativos como el reciente examen de admisión de la UNAM.
El Internet, las redes sociales y las plataformas digitales no son espacios neutrales. A pesar de que su uso se ha naturalizado en muy pocos años en el espacio público, debemos recordar que son negocios privados manejados por un puñado de multimillonarios cuyos intereses permean no sólo los contenidos que en ellas se difunden, sino su propio diseño y lógicas de uso, ocultas debajo de una aparente disposición a la libre personalización. No por casualidad algunas de estas plataformas enfrentan demandas en varios países que las acusan de que el diseño de sus productos está destinado a mantener a los usuarios enganchados a través de interminables estímulos.
Los riesgos no terminan con la identificación de los entornos digitales como adictivos, sino que se amplía al difícil control de la exposición a contenidos nocivos, especialmente para infantes y adolescentes. Las plataformas digitales y entornos virtuales son los espacios de mayor exposición potencial a contenidos violentos, sexuales, o vinculados a adicciones como la ludopatía –conducta que, por cierto, registra un alto crecimiento entre las juventudes–. Además, la evidencia científica señala que el uso de celulares en la infancia y adolescencia tiene un impacto en el desarrollo y formación cognitiva de la persona, y su uso excesivo está asociado con problemas de ansiedad, depresión y pérdida del sueño.
Lo anterior lo confirman las cifras arrojadas por la encuesta Jóvenes en México 2026 publicada recientemente por el Observatorio de la Juventud Iberoamericana, según la cual 57 por ciento de los respondientes entre 15 y 29 años afirma haber sentido una saturación que les lleva a desconectarse de las redes, 51.7 por ciento afirma que pasa más tiempo en redes sociales del que le gustaría y 60 por ciento identifica que las redes sociales promueven más problemas que beneficios. Respecto al ámbito educativo, la misma encuesta indica que 74.7 por ciento de los jóvenes consideran que la tecnología es importante para obtener una mejor preparación en la escuela, pero la evalúan como el peor rubro entre las competencias de los docentes.
Así pues, la acelerada adopción del uso de tecnologías en la vida cotidiana ciertamente exige de una regulación cuidadosa, pero al mismo tiempo compleja, que permita aprovechar las aristas más virtuosas de estos desarrollos tecnológicos sin olvidar la importancia crucial del contacto con la realidad inmediata, de la presencialidad y del desarrollo lúdico libre de pantallas para el desarrollo de habilidades sociales, motrices y cognitivas. La discusión, por lo tanto, debe ir más allá de la mera prohibición, pues como se ha demostrado en otros ámbitos, esta actitud tiene una efectividad casi nula. Como apunta la última encíclica papal Magnifica Humanitas, la educación digital debe apuntar hacia la inclusión adecuada de las tecnologías en el desarrollo de las infancias y juventudes, poniendo al centro la dignidad. Esta educación implica no sólo aprender a utilizar las tecnologías, sino aprender a prescindir de ellas cuando sea necesario.
De acuerdo con el gobierno federal, más de 70 por ciento de padres y madres de familia están a favor de regular el uso de celulares en las escuelas, y en 22 estados ya existe o se discute algún tipo de regulación en la materia.
La discusión, pues, tendría que ir más allá del uso específico en las escuelas; sin embargo, el ámbito escolar es un buen punto de partida. La legislación por elaborar deberá implicar no sólo a familias y a escuelas, sino a las grandes corporaciones tecnológicas como responsables relevantes de los efectos nocivos de sus servicios en la población, especialmente en menores de edad. Hay muchos puntos pendientes por debatirse respecto a los alcances y límites de una regulación de esta naturaleza, por lo que no debería apresurarse una discusión que resulte superficial e ineficaz respecto de las dimensiones, complejidad y trascendencia del problema. La oportunidad está sobre la mesa; ojalá que el debate público sirva como articulador de los actores que rodean la vida de nuestras infancias y juventudes, y que establezca responsabilidades y límites claros y efectivos a las grandes corporaciones que han acumulado innumerables ganancias en un entorno hasta hoy nulamente regulado.
