¿Y AHORA QUÉ? #MartesDeColumnas @rubenmoreiravdz EN @Marurojasreport
La solicitud del gobierno norteamericano en relación con diez servidores públicos mexicanos, entre ellos un gobernador y un senador, acapara los titulares de la prensa, y los debates en la radio y televisión. El gobierno y su partido no atinan a salir de su crisis. Un fin de semana largo se convirtió en un respiro para los alumnos de López Obrador, pero al reanudarse las labores se volvió a encender el fuego.
México es más grande que un pequeño grupo de personas y que los intereses extranjeros. Tampoco, por más complicado que sea el momento, la patria se encuentra perdida. Sin embargo, es momento de formular y ejecutar una profunda estrategia para sacarnos del hoyo en el delicado tema de la seguridad. El tema es de seguridad nacional tanto por el poder de las bandas delictivas como por la tentación injerencista que despierta en nuestros vecinos del norte.
Es tiempo de que el Estado mexicano actúe y para ello se impone la obligación de que los líderes políticos asuman la responsabilidad histórica de luchar contra el crimen y los enemigos de una patria unida. El primer requisito para tener éxito es abandonar las posiciones ideológicas cargadas de prejuicios y el segundo es generar un ánimo de escucha y colaboración que involucre al mayor número de actores políticos, en especial a aquellos que tienen un papel vigente y definitorio en la federación y los estados.
Se requiere de manera urgente:
Un rediseño del presupuesto en lo federal y local. La seguridad debe ser la prioridad. Sin paz, el desarrollo se merma y el país pierde capacidad de competencia.
Mejorar la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la rendición de cuentas. El Poder Legislativo debe tomar una posición activa en la materia y vigilar el desempeño de las autoridades, incluidas las de carácter castrense.
Acordar, como lo sugiere el experto en seguridad Eduardo Guerrero, un tratado en materia de seguridad con Estados Unidos y Canadá.
Definir un modelo de corporaciones policiales. La Guardia Nacional, herencia de López Obrador, resulta ineficaz y poco eficiente. Su encuadre dentro de las fuerzas armadas debilita la evaluación y rendición de cuentas. Además, dificulta la interacción con otras instancias en la materia, entre ellas, la Secretaría de Seguridad.
Invertir en el sistema policial; en la actualidad, por ejemplo, el salario de un policía municipal ronda en promedio los 9 mil pesos. Sin elementos bien pagados y adiestrados es imposible recuperar la paz.
Invertir en la procuración de justicia y en el sistema penitenciario. En el Ministerio Público recae una buena parte de la responsabilidad en la impunidad, y no en la judicatura, como lo decía en su ignorancia López Obrador.
Evitar el ingreso de armas debe ser prioridad para las autoridades, incluso para la diplomacia nacional. Por los efectos de este tipo de instrumentos, debe explorarse la posibilidad de construir preceptos con eficacia extraterritorial.
Erradicar actividades lúdicas y comerciales que alientan el ecosistema delictivo. El juego, las carreras parejeras, los llamados giros negros y la venta indiscriminada de alcohol son, en buena medida, espacios para el lavado de dinero, la estafa y la violencia.
Combatir las actividades criminales que mayor renta generan para la delincuencia. La extorsión o pago de piso, el tráfico de personas, combustible y narcóticos deben ser prioridad para disminuir la violencia, y menguar la economía de las grandes bandas de malhechores.
Vencer al crimen es posible, y las anteriores son un listado conocido de ideas para lograrlo. Tenemos un gran enemigo frente a nosotros y su acción carcome el presente y futuro del país. A los delincuentes les auxilian malos mexicanos; desde autoridades que flaquean hasta oportunistas que se disfrazan de todo tipo de personajes.
