EL PASMO DE SVARCH TAMBIÉN ES UNA RESPUESTA #Domingueando @lorenapugnon_ EN @heraldodemexico
Han pasado los días y la escena cambió de actor, pero no de fondo: ahora quien guarda silencio es Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar Nacional
El titular del sistema IMSS Bienestar en Veracruz no es confiable profesionalmente, pero nadie en el gobierno federal ha tenido la responsabilidad política de cesarlo. Las amenazas de Roberto Ramos Alor a los médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, son inaceptables porque la autoridad no está para intimidar a quien señala una deficiencia, sino para corregirla.
Han pasado los días y la escena cambió de actor, pero no de fondo: ahora quien guarda silencio es Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar Nacional, jefe jerárquico de Ramos Alor. Y ese silencio, lejos de ser prudencia, empieza a ser ominoso.
Ramos Alor se dijo arrepentido (¡ajá!). Pero una disculpa pronunciada después de la exhibición pública, sin reconocer con precisión los hechos ni las consecuencias para quienes los denunciaron, no repara nada: es un acto de verborrea, no de responsabilidad política y menos de responsabilidad jurídica.
El derecho administrativo no se satisface con el arrepentimiento verbal de quien es investigado; exige que cesen los actos que originaron la denuncia, que se acredite que no habrá represalias y que se garantice la reparación a quienes resultaron afectados.
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Disculparse no exime de responsabilidad administrativa, y mucho menos suple la obligación de investigar si hubo abuso de funciones o ejercicio indebido del cargo. Si la disculpa fuera suficiente, ningún servidor público respondería jamás por sus actos: bastaría con una frase de hipocresía frente a las cámaras.
Aquí es donde el silencio de Svarch deja de ser una opción y se convierte en una omisión con consecuencias jurídicas propias. Como superior jerárquico, tiene el deber legal de garantizar dos cosas mínimas.
La primera: que los médicos que exhibieron a Ramos Alor no sean objeto de persecución, represalia o exclusión bajo ninguna forma, incluida la más sutil, que es la evaluación de su desempeño.
La segunda: que esa evaluación, precisamente por estar bajo la esfera de influencia de Ramos Alor, no quede en sus manos ni en las de quienes le reportan, porque hacerlo sería colocar al juez y a la parte investigada en el mismo lugar. Un servidor público cuestionado por abuso de autoridad no puede, al mismo tiempo, calificar la carrera de quienes lo cuestionaron. Eso no es solamente un problema ético: es un conflicto de interés que vicia cualquier evaluación posterior y que, de consumarse, constituiría una nueva conducta sancionable, ahora atribuible también a quien, teniendo el deber de evitarlo, lo permitió por omisión.
La responsabilidad legal de Svarch, entonces, no es abstracta. Es la de todo superior jerárquico que conoce de una irregularidad y decide no actuar: la Ley General de Responsabilidades Administrativas no distingue entre quien comete el abuso y quien, pudiendo impedirlo, lo tolera. El pasmo también se investiga.
Pero hay otra responsabilidad, la política, que no necesita esperar el dictamen de ningún órgano de control. Un director nacional que no se pronuncia cuando su subordinado amenaza a médicos por señalar la falta de insumos, y que no ofrece garantías públicas de que no habrá venganza, está enviando un mensaje a todo el sistema de salud: quien denuncia, se arriesga.
¿Cuánto tiempo más puede sostenerse ese silencio antes de que se entienda como protección? ¿Necesita Svarch que un médico sea despedido para pronunciarse? ¿van a consentir que la salud de los veracruzanos esté en riesgo? ¿en cuántos estados de la república permite el abuso en sus delegados del IMSS Bienestar? La dignidad en el servicio público no solamente se pierde con una frase desafortunada; también se pierde cuando quien tiene la autoridad para corregirla decide no decir nada.
POR LORENA PIÑÓN RIVERA
DIPUTADA FEDERAL
X: @lorenapignon_
