PARECE UN TEMA LOCAL, YUCATECO. PERO CREO QUE ES MÁS QUE ESO. #Domingueando @DulceSauri EN @DiariodeYucatan

*Cuando se apaga la confianza ciudadana*

Durante los últimos días ha circulado profusamente en redes sociales un meme que resume, con el humor ácido que suele acompañar al descontento, un sentimiento creciente entre muchos yucatecos. Dice así: “Filosofía china. Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Si estás viviendo sin luz y sin agua, estás viviendo en Mérida”.
Los memes suelen exagerar. Viven de la caricatura. Pero solo prosperan cuando logran poner en palabras una experiencia compartida. Por eso vale la pena detenerse en éste. No habla únicamente de apagones o de la falta de agua. Habla de algo más profundo: de una confianza que empieza a erosionarse.
En las últimas semanas, miles de familias han padecido interrupciones recurrentes en el suministro eléctrico. Los problemas no se limitan a Mérida, aunque en la zona metropolitana resultan más visibles por el crecimiento acelerado de la ciudad. Numerosas comunidades del interior del estado viven situaciones semejantes. En algunas de ellas, la desesperación ha llevado a bloquear carreteras, retener cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad o impedir su salida hasta que se restablezca el servicio. Son formas de protesta poco frecuentes en la cultura política yucateca.
Conviene distinguir las causas de las consecuencias.
Durante años se sostuvo que el principal cuello de botella para el crecimiento económico de Yucatán era la generación de energía. Las nuevas plantas de ciclo combinado anunciaban una solución parcial. Antes de 2018 incluso existía una estrategia que buscaba conducir al estado hacia la autosuficiencia mediante una combinación de nuevas centrales y proyectos de generación eólica y fotovoltaica. Buena parte de éstos quedó detenida o sufrió retrasos durante el sexenio anterior, cuando la política energética privilegió el fortalecimiento de la generación convencional de la CFE.
Hoy, sin embargo, el problema parece haberse desplazado. La generación comienza a aumentar, pero las redes de transmisión y, sobre todo, de distribución, muestran un rezago evidente frente al crecimiento urbano y demográfico. Transformadores insuficientes, postes deteriorados, falta de medidores, demoras para sustituir equipos dañados y una infraestructura que dejó de crecer al ritmo de la demanda terminan traduciéndose en apagones cada vez más frecuentes.
El agua potable revela la misma historia. Cada falla eléctrica afecta la operación de plantas de bombeo y distribución. Entonces aparecen colonias enteras sin suministro. No son dos crisis independientes. Es una sola infraestructura cuya fragilidad se manifiesta de maneras distintas.
A ello se suma un tercer episodio aparentemente ajeno: la reparación de la carretera Mérida-Progreso justo al inicio de la temporada veraniega, cuando miles de familias se desplazan diariamente hacia las playas. Nadie discute la necesidad de conservar una vía estratégica. La pregunta es por qué iniciar una obra de esa magnitud precisamente cuando era previsible el mayor flujo vehicular del año. No parece un problema de ingeniería, sino de planeación.
Los tres casos comparten un mismo denominador: un Estado que dejó de anticiparse al crecimiento de Yucatán.
Durante décadas, el éxito del estado consistió precisamente en atraer población, inversiones y nuevas actividades económicas. Pero gobernar el crecimiento exige que las redes eléctricas, hidráulicas y carreteras crezcan con él. Cuando eso no ocurre, el costo deja de medirse solamente en horas sin servicio o en largas filas de automóviles.
Empieza a pagarse de otra manera.
La primera respuesta de la sociedad es la espera. Se reporta la falla. Se confía en que la autoridad resolverá el problema.
Después aparece la solución privada.
Quien tiene recursos compra una planta de emergencia, instala paneles solares con baterías, adquiere reguladores o sistemas de respaldo. Poco a poco la continuidad del servicio deja de depender exclusivamente de la infraestructura pública y comienza a depender también del ingreso familiar.
Se instala así una desigualdad nueva: unos pueden comprar electricidad continua; otros solo pueden esperar.
Es una especie de impuesto invisible. Nadie lo aprobó en el Congreso ni aparece en la Ley de Ingresos. Sin embargo, miles de familias terminan destinando recursos extraordinarios para garantizar un servicio por el que ya pagan cada mes.
Pero existe una tercera etapa, mucho más delicada.
Cuando las personas dejan de creer que el procedimiento institucional funciona, buscan cualquier mecanismo que acelere la solución. Empiezan a multiplicarse los testimonios de ciudadanos convencidos de que ofrecer una gratificación informal puede hacer más rápida una reparación. No importa aquí determinar cuan extendido esté el fenómeno. Lo verdaderamente preocupante es que esa percepción empiece a instalarse.
La corrupción rara vez llega como una inundación. Se parece más al musgo. Crece lentamente sobre superficies húmedas. Al principio apenas se nota. Después termina cubriendo aquello que parecía sólido.
Lo mismo ocurre con la confianza. Su deterioro tampoco sucede de un día para otro. Comienza con pequeños incumplimientos cotidianos. Con un transformador que tarda semanas en reemplazarse. Con una fuga de agua que nadie atiende. Con una carretera cuya reparación pudo haberse programado mejor. Poco a poco los ciudadanos dejan de pensar que el sistema responderá y empiezan a resolver por su cuenta lo que antes esperaban del Estado.
Ése es el verdadero costo social.
Por supuesto, parte de la responsabilidad corresponde a decisiones federales. La infraestructura eléctrica depende fundamentalmente de la CFE; las inversiones mayores requieren recursos nacionales; la ampliación del puerto de Progreso involucra directamente a la Federación y a la Secretaría de Marina. Sin embargo, precisamente ahí aparece otra pregunta inevitable: ¿ha tenido el gobierno de Yucatán la capacidad política para colocar las prioridades del estado en la agenda nacional?
Hasta ahora, la respuesta parece insuficiente. El endeudamiento autorizado para iniciar la ampliación del puerto refleja las limitaciones financieras estatales. La ausencia de recursos federales suficientes para otras obras estratégicas también habla de una interlocución que no ha producido los resultados esperados. Ser gobernados por el mismo partido en el estado y en la Federación no ha significado, al menos hasta ahora, una atención proporcional a los problemas que acompañan el crecimiento yucateco.
Los cables podrán sustituirse. Las tuberías repararse. La carretera a Progreso terminará por rehabilitarse. Todo eso tiene solución técnica.
Más difícil será reconstruir aquello que hoy comienza a apagarse silenciosamente.
Porque una sociedad puede soportar un apagón ocasional. Lo que difícilmente resiste durante mucho tiempo es la sensación de que, frente a problemas cada vez más frecuentes, cada familia debe arreglárselas sola. Cuando esa idea se instala, el deterioro ya no ocurre únicamente en la infraestructura. Empieza a erosionarse uno de los activos más valiosos que Yucatán ha construido durante décadas: la confianza en que las instituciones responden cuando más se les necesita.— Mérida, Yucatán
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán